La depresión económica que vivimos está
resultando funcional para la desmantelación ya no solo del Estado del Bienestar
que tanto trabajo costó construir y que, aún con sus luces y sus sombras, ha
contribuido al acceso a unas condiciones de vida dignas para al menos algunos
segmentos de la población. Además, en la actualidad, la instrumentalización de
la crisis como elemento legitimador de reformas y transformaciones en el ámbito
social, económico y jurídico está contribuyendo a que ésta degrade también los
cimientos de la economía de mercado incluso en su vertiente productiva.
La aprobación de regulaciones que ahondan
en la flexibilidad en el uso de factores productivos por un lado y la falta de
regulación en defensa del tejido productivo de cercanía, se han convertido en
el caldo de cultivo ideal para que se aceleren procesos de deslocalización ya
activos o para el inicio de otros nuevos. En Andalucía, Alcalá de Guadaira
resulta un ejemplo paradigmático del proceso anterior. La conformación de un
tejido productivo entorno al municipio que, aunque paradójicamente, durante
años, no ha contribuido significativamente a reducir las cifras de desempleo de
la ciudad, con el tiempo sí se había convertido en un núcleo de actividad
importante con un peso creciente en la actividad industrial de la provincia.
La caída en picado de la producción
industrial en Andalucía durante los últimos años es manifiesta.
Tradicionalmente la industria en Andalucía ha tenido una participación en
términos relativos menor a la que se da para el conjunto de España. En 2010,
último dato disponible, la participación sectorial de la industria en Andalucía
era del 6’22% mientras que en España lo era del 6’8%, en términos territoriales
Andalucía aporta al conjunto del país el 13’85% de la producción industrial lo
que no se corresponde con su peso en términos de población. En el periodo que
va desde el inicio de la crisis y hasta el año 2010 cerraron en Andalucía 4.122
establecimientos industriales es decir, el sector se redujo en la región nada
menos que un 11’9% (INE, 2012). En definitiva, de todo lo anterior se desprende
que el desmantelamiento de un enclave productivo como es la actividad
industrial es evidente en Andalucía con el consiguiente impacto en la
destrucción de empleo en un mercado de trabajo ya de por sí subdesarrollado.
Por su parte, la provincia de Sevilla, a
pesar de la debilidad industrial de Andalucía se sitúa a la cabeza de la
producción industrial de la región con una participación de la industria a
nivel sectorial del 6’52% y con un peso territorial del sector del 23’58%.
Buena parte de la producción industrial sevillana se concentra en el área
metropolitana de la capital y fundamentalmente en el término municipal de
Alcalá de Guadaira. El aprovechamiento de las economías de escala generadas por
motivos de cercanía y una tendencia progresiva hacia la articulación vertical
entre empresas dedicadas a actividades de naturaleza industrial trajeron
consigo que desde la década de los ochenta Alcalá se convirtiese en un núcleo
de mayor dinamismo productivo entorno a actividades industriales en un contexto
sin una tradición industrial solida previa.
En la actualidad, asistimos al envite de de
las flexibilizaciones en materia laboral antes descritas y producidas por las
dos últimas reformas laborales aprobadas por los ejecutivos de los dos últimos
gobiernos. En este sentido, los Expedientes de Regulación de Empleo de ROCA o
Santa Barbará con impactos directos sobre 228 y 82 trabajadores de las
factorías alcalareñas y muchos más de manera indirecta no son más que la
continuación de procesos de deslocalización similares a los acontecidos
anteriormente en casos como los de Gillete o Flex donde se argumentaron cierres
en base a deslocalizaciones más rentables hacia Rusia, Polonia, Turquía o como
en el caso de Flex, Portugal. Estos procesos además del desempleo que generan
en las propias factorías tienen una incidencia mayor si cabe en el contexto
productivo más cercano dado que en la mayoría de los casos se trata de empresas
con carácter de enclave en el tejido productivo de proximidad lo que se traduce
en una destrucción de empleo y actividad difusa pero más intensa. Además, en
muchos casos, bajo la legitimidad que supuestamente da la mayor capacidad para
impactar en el entramado productivo local, no son pocos los ejemplos en los que
este tipo de empresas reciben, previamente a su cierre, el apoyo de entes
públicos traducido en la concesión de privilegios tales como la creación de
infraestructuras de apoyo, el estímulo a actividades paralelas que les facilite
el acceso a proveedores en el entorno o incluso la concesión directa de ayudas
en forma de subvenciones o créditos a bajo coste. A pesar de estas fórmulas de
discriminación positiva el desenlace en todos los casos ha sido el mismo en
todas ellas, el posterior cierre con la consiguiente incapacidad para amortizar
la inversión realizada con fondos públicos.
En definitiva, la realidad económica,
productiva y social actual sugiere, con más intensidad si cabe, la necesidad de
que en casos como el de Alcalá de Guadaira la estrategia de las
Administraciones deba dirigirse de forma decidida hacia la defensa directa de
la actividad productiva local con el objetivo de evitar su incipiente
desmantelamiento. Esta defensa no ha de traducirse, aprendiendo de errores del
pasado, en la creación de un entorno “más cómodo” para las grandes empresas
localizadas en el municipio dado que estas van a determinar sus decisiones de
localización atendiendo a otros criterios de rentabilidad fundamentalmente en
el ámbito de los costes variables (mano de obra). Por el contrario, la defensa
de los puestos de trabajo, el establecimiento de mecanismos de control más
eficaces sobre la actividad empresarial o la intervención pública directa
mediante la creación propia de enclaves productivos debe orientar la
intervención desde lo público.
En un contexto productivo en el que el
“sálvese quien pueda” empieza a oírse cada vez con más fuerza con la
consiguiente agresión que conlleva sobre la parte débil de la relación laboral,
el factor trabajo, es el momento que desde las distintas Administraciones se actúe
en su defensa y desde abajo, desde la ciudadanía, se exija y presione para que
así sea.
Alejandro González Rodríguez
Universidad Pablo de Olavide
